Derechos sexuales y reproductivos en 2026: avances, retrocesos e incertidumbre 

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. En 2026 llega en un momento agridulce: nunca tantas mujeres habían vivido en países donde abortar es legal y, a la vez, pocas veces se había visto una ofensiva tan organizada para restringir ese acceso. En ActionAid llevamos años defendiendo el control de las mujeres sobre su propio cuerpo, no solo como una cuestión de derechos, sino como uno de los pilares de la igualdad.

El mapa mundial del derecho al aborto

Según datos del Center for Reproductive Rights, unos 1 200 millones de mujeres en edad reproductiva, el 60%, viven donde el aborto es ampliamente legal, frente a 801 millones, el 40%, que viven bajo leyes restrictivas. En concreto: 

• 654 millones viven en 77 países que permiten el aborto a petición de la mujer
• 473 millones en 12 países que lo permiten por amplios motivos sociales o económicos. 
• En el otro extremo, 118 millones de mujeres viven en 21 países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia.

Entre ambos polos hay una amplia zona gris. El aborto está permitido por motivos de salud en 47 países y solo para salvar la vida de la mujer en 44. En cuanto a los plazos, la gran mayoría de países lo permite hasta la semana 12, aunque algunos los amplían, como el Reino Unido, con 24 semanas.

La tendencia de fondo ha sido liberalizadora. En los últimos treinta años, más de sesenta países han cambiado sus leyes de aborto, y todos salvo cuatro (Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Polonia) ampliaron los supuestos legales. En América Latina, la llamada «marea verde» transformó el panorama: Argentina legalizó el aborto y Colombia lo permitió a petición hasta la semana 24. En México, la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta en 2021 y en 2023 ordenó eliminar el aborto del Código Penal Federal.

Lo que dicen los datos de salud pública sobre el aborto

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen alrededor de 73 millones de abortos inducidos en el mundo, aproximadamente seis de cada diez embarazos no deseados. La diferencia entre un aborto seguro y uno inseguro es enorme: las muertes por aborto seguro son prácticamente nulas, menos de una por cada 100 000, mientras que en regiones donde la legislación es restrictiva o lo prohibe, la mortalidad supera las 200 por cada 100 000. A escala global, esto supone que alrededor del 8% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros, unas 23 000 mujeres al año; la mayoría en países con enormes desigualdades del Sur Global. 

La prohibición no reduce el número de mujeres que recurren a un aborto, solo lo vuelven más peligros. Entre 1990-94 y 2015-19, la tasa media de aborto en países donde es legal (con la excepción de China e India) bajó un 43%, un dato atribuible al mayor acceso a anticonceptivos y educación afectivo-sexual.

 

Estados Unidos: el gran retroceso y el aborto a distancia 

Tras la anulación en 20222 de la sentencia Roe v. Wade en 2022 por el Tribunal Supremo, en Estados Unidos el aborto está prohibido en 13 estados, y otros cuatro (Florida, Georgia, Iowa y Carolina del Sur) lo prohíben a partir de aproximadamente la sexta semana

Pero no esto apenas ha repercutido en el número total de abortos. El Instituto Guttmacher estima que en 2025 se realizaron 1 126.000 abortos por profesionales sanitarios, una cifra similar a la del año anterior. Unos 91 000 abortos se realizaron por telemedicina, gracias a la mifepristona, en estados con prohibición total en 2025, gracias a las llamadas “leyes escudo” de los estados que protegen a sus profesionales.

Ahora, la batalla es por el primer fármaco de la pauta de aborto con medicamentos, la mifepristona, ya que un Tribunal Federal, intentó recortar las normas que permiten recetarlo y enviarlo a distancia. De momento la decisión no es firme Food and Drug Administration (FDA) mantiene en curso una nueva revisión del medicamento.

El impacto global de un retroceso 

La política estadounidense no solo afecta a su territorio. En enero de 2025 la administración Trump restableció la Regla de la Mordaza Global (o Política de Ciudad de México), que retira la ayuda a organizaciones que ofrecen, informan o abogan por el aborto legal, incluso cuando lo hacen con fondos propios y en países donde es legal.En 2026 fue más lejos:  desde el 26 de febrero, se aplica a toda la ayuda exterior no militar, incluidos los programas de desarrollo y humanitarios.

A esto se suman recortes de financiación sin precedentes. Según la Women’s Refugee Commission (WRC), la financiación estadounidense para planificación familiar y salud reproductiva cayó un 94% en 2025. Hasta entonces, Estados Unidos era el mayor donante en este ámbito y aportaba más de la mitad de la financiación mundial. Además, en 2024 cubría el 17% del presupuesto del UNFPA, la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva, hasta que anunció su salida a principios de 2026.

Europa: blindaje constitucional, despenalización y barreras de acceso

En Europa el movimiento ha ido en sentido contrario al estadounidense. Francia se convirtió en 2024 en el primer país en incluir la libertad de abortar en su Constitución.Y este año, en Inglaterra y Gales, aprobó una ley que saca a las mujeres del derecho penal en materia de aborto e indulta a las condenadas en el pasado; este avance elimina elimina la posibilidad de procesar a las mujeres por sus propios embarazos. A pesar de ello, algunas organizaciones reivindican que se trata de una despenalización parcial, ya que el Reino Unido sigue sin reconocer el aborto a petición. 

La legalidad, sin embargo, no garantiza por sí sola el acceso. En Italia, donde el aborto es legal desde 1978, los datos de 2022 muestran que el 60,7% de los ginecólogos son objetores de conciencia.22 ActionAid Italia, junto con otras organizaciones de la campaña #DatiBeneComune, reclama que los datos sobre interrupción del embarazo y objeción se publiquen de forma abierta, para entender bien la magnitud del problema. 

España y el derecho al aborto: el debate sobre el artículo 43

En España, el Gobierno impulso en 2026 un proyecto que añadiría un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución, obligando a los poderes públicos a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva. Hay un problema de la desigualdad territorial en este asunto: apenas el 1% de los abortos de los aborto realizados en Madrid o Andalucía se realizan en la sanidad pública, el 99% los derivan a la privada. 

Sin embargo, el futuro de esa reforma es bastante incierto, porque necesita una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, algo que en este momento no es posible con la oposición de PP y Vox. 

Frente a este avance, la derecha y ultraderecha impulsan leyes que pretenden dar estatus jurídico al feto, lo cual además de contradecir la jurisprudencia, erosionan la autonomía de las mujeres y pretenden reabrir el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y estigmatizar la decisión de la mujeres. 

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos

Los derechos sexuales y reproductivos son el derecho de toda persona, sin importar su edad, origen, orientación sexual, a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y su reproducción. Eso incluye, el acceso a servicios de planificación familiar asequibles, también al aborto seguro, y a información y tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual. Las mujeres, adolescentes y niñas deben tener el control sobre su cuerpo. 

Garantizar la información, anticoncepción moderna y aborto seguro salvaría la vida de las mujeres más marginadas y mejoraría la igualdad de género en general, garantizando un futuro e independencia económica para las mujeres, incluidos sus derechos económicos. 

Promovemos una visión transformadora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye su sexualidad, el control sobre su cuerpo y la erradicación de la violencia y la exclusión.

Este compromiso guía nuestro trabajo. En Nepal, por ejemplo, se creó un campamento sanitario en Katmandú para atender a mujeres; en el distrito de Parsa, se enseña a niñas y jóvenes higiene menstrual y a fabricar compresas caseras, lo que ayudó a reducir el absentismo escolar. Y en contextos de crisis como Gaza, impulsamos los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres embarazadas, lactantes y desplazadas. En Bolivia, donde unas 89 adolescentes se quedan embarazadas cada día, el trabajo realizado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes es fundamental. 

Cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, debería tener derecho a decidir si tener hijos y cuándo, debe poder acceder a atención médica y planificación familiar sin criminalización ni acoso por parte del Estado, las instituciones o terceras personas. 

Es una cuestión de salud pública, autonomía corporal e igualdad, y las guías de salud pública y los estándares de derechos humanos, como el Convenio de Estambul  recomiendan despenalizarlo completamente. 

A pesar de ello, nuestro derecho a decidir está en riesgo. Lo que el panorama global nos muestra es que los derechos sexuales y reproductivos no avanzan en línea recta: pueden perder su protección federal, pueden ser inaccesibles en la práctica por falta de profesionales, de datos o de financiación; pueden seguir criminalizados. 

Nuestro trabajo es continuar trabajando para que mujeres y niñas tengan garantizados sus derechos, y con ello un futuro.