Está claro: la responsabilidad corporativa voluntaria no evita abusos ni daños ambientales. En este nuevo informe ponemos sobre la mesa la urgente necesidad de implementar leyes vinculantes a nivel nacional, europeo e internacional que obliguen a las empresas a prevenir, rendir cuentas y responder ante los impactos negativos de sus actividades.

El estudio analiza casos de Bolivia, Perú, Guatemala y El Salvador relacionados con empresas que participan en mercados europeos y españoles, y concluye que las políticas de responsabilidad corporativa voluntaria no son suficientes para prevenir daños ni violaciones de derechos humanos y ambientales en un contexto de crecientes amenazas contra los derechos humanos y la sostenibilidad.

Además, este 18 de marzo de 2026 entra en vigor la Directiva Omnibus I, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta directiva incorpora las modificaciones aprobadas a la Directiva Europea de Diligencia Debida (CSDDD) y abre un plazo de dos años para que el Gobierno español la adapte a la legislación nacional. Esto implica que podrían pasar hasta casi tres años antes de contar con una norma clara que proteja los derechos frente a potenciales malas prácticas empresariales.

Un informe que señala la necesidad de normas obligatorias

El informe, titulado “Sin excusas: la necesidad de la debida diligencia vinculante para proteger a las personas, sus derechos humanos y el medioambiente”, subraya que confiar únicamente en compromisos voluntarios por parte de las empresas no basta. La investigación analiza cuatro casos en América Latina vinculados a grandes empresas relacionadas con el mercado europeo y español. Estos casos muestran las consecuencias de la falta de mecanismos legales obligatorios y cómo grandes proyectos industriales o agroindustriales han transformado territorios y medios de vida sin garantizar consultas adecuadas, compensaciones justas ni reparaciones efectivas para las comunidades afectadas.

“A través de estos casos, el informe muestra cómo grandes proyectos industriales o agroindustriales han transformado territorios y medios de vida sin garantizar consultas adecuadas, compensaciones justas ni reparaciones efectivas para las comunidades afectadas”, explica nuestra compañera Almudena Moreno, responsable de proyectos de cooperación en ActionAid.

Bolivia: explotación gasística sin consulta adecuada y pobreza persistente

Uno de los casos analizados es Bolivia, donde la empresa energética Repsol ha explotado gas durante décadas en la zona indígena Itika Guasu. Sin embargo, las poblaciones que viven allí siguen en condiciones de pobreza extrema.

“La pobreza es extrema en la zona, no tenemos agua, no tenemos luz, absolutamente nada en Yuati, que es mi comunidad, somos 85 familias nosotros, somos los que vivimos en la zona, no tenemos nada”, declaró Macedonio Vásquez Cayo, perteneciente a la comunidad indígena de la zona Itika Guasu.

Según indica el informe, la compañía inició operaciones sin haber realizado una consulta libre, previa e informada a las comunidades, tal y como establece la ley. Posteriormente negoció un fondo de compensación, pero la falta de una gestión adecuada generó conflictos entre las propias comunidades.

“Hubo una negociación con la empresa poco transparente y la realidad es que los 14,5 millones no se han invertido en la zona, lo único que se sabe es que viven de un fideicomiso de un fondo, pero esto demuestra cómo funcionan las empresas en estos territorios”, señala Jorge Campanini, del Centro de Investigación y Documentación (CEDIB) de Bolivia.

Perú: miles de personas siguen sin una compensación adecuada tras el derrame de petróleo de 2022

El informe también relaciona a esa misma empresa con el derrame de petróleo ocurrido en la costa de Perú en 2022. A día de hoy, miles de personas afectadas siguen sin recibir una compensación adecuada ante la pérdida de sus medios de vida. Este caso ha sido señalado por la Organización de las Naciones Unidas por la falta de transparencia, la respuesta insuficiente para contener el desastre y la demora en los planes de descontaminación en la zona costera afectada.

Guatemala: contaminación, pérdida de tierras y persecución de quienes se oponen

Otro de los casos analizados es la contaminación de ríos en Guatemala vinculada a la producción de aceite de palma por parte del Grupo HAME, posteriormente distribuido en mercados españoles y europeos. Pese a la documentación de contaminación, las comunidades no han sido compensadas ni reparadas. Además, la expansión de las plantaciones ha provocado conflictos territoriales, expulsión de comunidades indígenas, desvío de cauces de agua para el riego y persecución de personas que se oponen al modelo productivo.

“El problema que tenemos actualmente es que no hay tierra para producir maíz; estamos mal si no tenemos parcelas para producir nuestros alimentos”, compartió de forma anónima una mujer del municipio de Sayaxché, departamento de Petén, participante en el estudio.

El Salvador: extracción de agua en un contexto de sobreexplotación y crisis hídrica

Por último, en El Salvador, el informe advierte sobre los planes de ampliación de extracción de agua por parte de la embotelladora de Coca-Cola, Industria La Constancia, en un acuífero que ya presenta problemas de sobreexplotación.

La expansión agravaría aún más la situación en un país donde no está garantizado el acceso al agua para el consumo. En El Salvador, el 68% de los recursos hídricos del país están contaminados y el 80% sufre estrés hídrico. De seguir esta situación sin adoptar medidas urgentes por parte de las instituciones gubernamentales, especialmente tras el recrudecimiento del calentamiento global, gran parte del país podría llegar a ser inhabitable en el próximo siglo.

Las mujeres, entre las más afectadas

El informe subraya además que, en todos estos casos, las mujeres suelen ser las más afectadas. Esto se debe a que muchas de ellas se dedican a trabajos informales, lo que dificulta demostrar pérdidas económicas y acceder a compensaciones. A ello se suma que la llegada de grandes proyectos industriales a las comunidades provoca un aumento de la violencia de género.

“Tenemos que movernos unos dos o tres kilómetros para buscar aguas más limpias, la que usamos ya está contaminada por las empresas, y protestamos por ello, pero a los representantes de instituciones no les interesa lo que nos pasa”, dijo de forma anónima una mujer guatemalteca.

Acelerar la transposición en España y reforzar la justicia para las víctimas

Ante esta situación, en línea con la Plataforma por Empresas Responsables, instamos al Gobierno español a acelerar la trasposición de la directiva europea de debida diligencia a la legislación española y a reforzar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos. La organización también reclama que se garantice que las empresas implicadas en violaciones de derechos humanos no puedan acceder a contratos o apoyos públicos.

“No podemos mirar hacia otro lado, instamos al Gobierno español a acelerar la trasposición de la directiva europea de debida diligencia a la legislación española y reforzar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos, garantizando que las empresas implicadas en violaciones de derechos humanos no puedan acceder a contratos o apoyos públicos. Es una cuestión de justicia”.

También hacemos un llamado a los países del Sur Global a integrar la debida diligencia empresarial en las políticas nacionales para proteger a las personas y sus derechos frente a potenciales malas prácticas de las multinacionales.