Concluimos un proyecto que alcanzó importantes resultados en la promoción del ejercicio de la ciudadanía activa y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en Bolivia. Se trata de una iniciativa en la que el empoderamiento y la participación de las mujeres fueron fundamentales.

Tras dos años de trabajo conjunto con el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), el Centro “Amuyt’a CDIMA” y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cerramos el proyecto “Mujeres ejerciendo su ciudadanía activa por su derecho a una vida libre de violencias en Bolivia”. Esta intervención contribuyó de manera sustantiva a la construcción de una vida libre de violencias para las mujeres, fortaleciendo su participación, liderazgo y la respuesta comunitaria e institucional en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 

Una apuesta por la participación, el liderazgo y la vida libre de violencias

El proyecto se implementó en los departamentos de La Paz y Cochabamba, específicamente en los municipios de Coroico, El Alto y Sacaba, así como a nivel nacional en espacios estratégicos. A través de un enfoque interseccional, intercultural e intergeneracional, se benefició a mujeres, mujeres afrodescendientes, jóvenes y varones.

“Desde su concepción, este proyecto adoptó un enfoque interseccional, reconociendo que las mujeres vivimos la violencia de manera diferente”, señaló Magalí Chávez, Coordinadora País de ActionAid Bolivia.

Más autonomía económica, más conocimiento de derechos y más capacidad de organización

Se contribuyó al fortalecimiento de la autonomía económica de 150 mujeres, quienes desarrollaron capacidades productivas en costura y elaboración de alimentos.

“Hoy en día, gracias a los talleres, emprendo aplicando lo aprendido; junto con una compañera nos organizamos y realizamos pedidos de repostería”, comentó Rosemary Zurita, emprendedora formada en el proyecto.

Asimismo, 560 mujeres fortalecieron sus conocimientos sobre los derechos de las mujeres, reforzaron su autoestima y se reconocieron como sujetas de derechos.

Se generaron evidencias para el cambio social mediante la realización de tres investigaciones sobre los obstáculos que limitan el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia de mujeres lesbianas, afrodescendientes, mineras y defensoras de derechos.

El proyecto también impulsó la investigación y producción de conocimiento desde una perspectiva de derechos en jóvenes estudiantes, dando lugar a la elaboración de dos tesis vinculadas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Transformando las relaciones de género con la juventud, la comunidad y los hombres

La participación juvenil fue clave: 355 jóvenes formaron parte de procesos formativos que promovieron la construcción de relaciones más equitativas.

“Conocí a muchas promotoras que hablan quechua; yo también lo hablo. Poder vincularme con mujeres víctimas, apoyarlas y hablar su lengua les da confianza”, destacó Ana Rosa Soria Montaño, joven activista.

Además, se promovió la réplica de conocimientos: mujeres y jóvenes realizaron 103 talleres que alcanzaron a 6.977 personas.

“No en todos los departamentos vivimos lo mismo; yo he aprendido de ellas y ellas de nosotras”, afirmó Isabel Reino Fuentes, promotora comunitaria.

El trabajo con varones también fue relevante: 518 hombres participaron en procesos de reflexión sobre la violencia y la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.

Gracias a los procesos de formación, las mujeres lideraron la presentación de 29 iniciativas ante autoridades, incluyendo su participación en la “Cumbre Nacional por la Despatriarcalización”.

Resultados a nivel nacional

A nivel nacional, el proyecto fortaleció a organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y trabajadoras, consolidando su liderazgo y participación política en espacios de toma de decisión.

También se fortalecieron las capacidades de defensoras de derechos en materia de autoprotección, articulación, vigilancia ciudadana e incidencia política.

Asimismo, se contribuyó a la construcción de la Agenda Política Nacional de las Mujeres, en articulación con la Coordinadora de la Mujer, la cual fue presentada a candidatas y candidatos para su incorporación en planes de gobierno y políticas públicas.

Un total de 292 mujeres autoridades municipales y departamentales fortalecieron sus capacidades en gestión pública con enfoque de género y derechos humanos. De ellas, 111 presentaron propuestas de políticas públicas en sus municipios, que se tradujeron en 33 normativas municipales.

“En estos talleres hemos conocido nuestros derechos y cómo aplicar las normativas para no ser vulneradas por nuestra condición de mujeres”, expresó Heidi Milenka Csilla Carreño, concejala del municipio de Capinota.

En cuanto a la respuesta estatal frente a la violencia, 274 funcionarias y funcionarios públicos fueron capacitados en rutas de atención, registro de casos y atención empática. Además, se fortalecieron los sistemas locales de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, impulsando la implementación de sistemas de referencia en cuatro municipios.

Campañas que amplificaron el mensaje y movilizaron a la sociedad

Las campañas de comunicación fueron clave para sensibilizar a la población y amplificar los mensajes de derechos.

A través de la campaña “¡Es tiempo de cambiar, vivamos sin violencia!”, se alcanzó a más de 500.000 personas mediante televisión, radio, redes sociales y estrategias innovadoras como el arte, incluyendo obras teatrales, movilizaciones ciudadanas en fechas emblemáticas y la formación de 35 mujeres en vocería y periodismo ciudadano.

Con la campaña “Mujeres en política, democracia sin violencia” se llegó a más de 300.000 personas con mensajes contra el acoso y la violencia política.

Finalmente, la campaña “Juntas”, enfocada en defensoras de derechos, alcanzó a más de 150.000 personas.

Combatiendo la violencia contra las mujeres en Bolivia

Este proyecto cierra dejando avances concretos en la vida de cientos de mujeres y jóvenes, en el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos, y en la mejora de respuestas comunitarias e institucionales frente a las violencias. También deja algo igual de importante: más herramientas, más articulación y más capacidad colectiva para seguir defendiendo los derechos de las mujeres y construyendo una sociedad más justa e igualitaria en Bolivia.

Seguiremos impulsando este camino junto a organizaciones, lideresas, instituciones y comunidades. Porque avanzar hacia una vida libre de violencias requiere compromiso sostenido, participación activa y apoyo colectivo. Te invitamos a conocer este trabajo, compartir sus aprendizajes y seguir sumándote a la defensa de los derechos de las mujeres.