Esta semana hemos presentado el informe Miradas de la Sociedad Civil 2026, un análisis de la política migratoria española ante el II Foro de Examen de la Migración Internacional. Este foro, que se celebra del 5 al 8 de mayo de 2026, evaluará la implementación del Pacto Mundial para la Migración (PMM), adoptado en el marco de Naciones Unidas, y los Estados, incluida España, deberán rendir cuentas de los compromisos que asumieron en 2018 para aplicar una gobernanza migratoria basada en los derechos humanos.

Más políticas migratorias centradas en las personas

Las políticas migratorias no pueden evaluarse solo desde los despachos ni desde los datos oficiales. Tienen que mirarse también desde la experiencia de las personas migrantes, de las organizaciones que las acompañan y de quienes defienden sus derechos cada día.

Ha habido avances puntuales, pero también retos urgentes: la falta de vías seguras y regulares para migrar, las muertes y desapariciones en las rutas migratorias, la externalización de fronteras, las devoluciones en caliente, la discriminación en el acceso a derechos, la precariedad laboral, la situación de la infancia migrante no acompañada y la escasa participación real de la sociedad civil en el seguimiento de las políticas públicas.

La regularización, una oportunidad para visibilizar los derechos de las personas migrantes

La regularización extraordinaria de 2026 se plantea como una respuesta necesaria ante las limitaciones del sistema migratorio español. Desde 1986, los procesos extraordinarios de regularización han beneficiado a 1,3 millones de personas, pero también evidencian un problema de fondo: las vías legales para migrar siguen siendo insuficientes, rígidas y poco adaptadas a la realidad social y laboral. Esta falta de alternativas empuja a muchas personas a vivir durante años en situación administrativa irregular, pese a formar parte de la vida económica y social del país.

El nuevo proceso, que podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas, es también una victoria del movimiento antirracista y de las comunidades migrantes organizadas, especialmente a través de #RegularizacionYa. Su impulso, nacido durante la pandemia, logró llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas. El informe plantea que la regularización no debe tratarse como una medida excepcional, sino como una herramienta de inclusión y cohesión social, acompañada de reformas estructurales que garanticen vías permanentes, accesibles y basadas en derechos.

Pacto europeo: control, vigilancia y criminalización de quienes

El Pacto Mundial para la Migración supuso en 2018 un avance importante al plantear, por primera vez, un marco global para abordar las migraciones desde la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Aunque dejó fuera algunas demandas clave de la sociedad civil, marcó un compromiso claro: los Estados deben proteger los derechos de las personas migrantes durante todo el proceso migratorio.

Sin embargo, el contexto actual va en dirección contraria. El Pacto Europeo de Migración y Asilo refleja una política migratoria europea cada vez más centrada en el control, la vigilancia y la criminalización de quienes migran, en lugar de ampliar vías seguras, garantizar protección y promover la inclusión. Esto evidencia una distancia creciente entre los compromisos internacionales asumidos y las políticas que se están aplicando en Europa.

Recomendaciones para las políticas migratorias españolas: del control a proteger la vida

Migrar no debería significar jugarse la vida. Tampoco vivir durante años sin derechos, sin estabilidad administrativa o sin poder acceder en igualdad de condiciones al trabajo, la vivienda, la salud, la educación o la protección.

Por eso, planteamos propuestas concretas para avanzar hacia una política migratoria basada en derechos humanos, protección efectiva y participación real de las personas migrantes en las decisiones que afectan a sus vidas.

Es necesario avanzar hacia una reforma estructural de la política migratoria que deje de responder tarde y de forma excepcional a problemas que son permanentes.

Para ello, proponemos garantizar vías regulares, seguras y accesibles para migrar; facilitar la contratación en origen sin trámites imposibles; crear mecanismos estables de regularización que no dependan de requisitos difíciles de cumplir; y ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Pero también va más allá: pide reforzar las operaciones de búsqueda y salvamento, garantizar el acceso efectivo al asilo, acabar con las devoluciones ilegales, incorporar cláusulas vinculantes de derechos humanos en los acuerdos con terceros países, desvincular la cooperación internacional del control migratorio y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros, sustituyendo la privación de libertad por alternativas basadas en derechos. En conjunto, las recomendaciones apuntan a un cambio claro de enfoque: pasar de una política centrada en el control, la excepcionalidad y la sospecha, a una política que proteja la vida, garantice derechos y reconozca a las personas migrantes como parte activa de la sociedad. 

En este informe han participado la Asociación de la Comunidad Hondureña en España, ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya, FedeLatina, Médicos del Mundo, Red Acoge, Asociación Rumiñahui, y ha contado con la colaboración de Cidalia.