La situación en Oriente Medio sigue deteriorándose, con consecuencias cada vez más graves para la población civil y para el respeto de los derechos humanos. A pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, estamos lejos de avanzar hacia una desescalada con más violencia en Gaza y Cisjordania y los ataques de Israel sobre el Líbano. El contexto actual en la región árabe supone una continua violación de los derechos humanos y una mayor, si cabe, creciente restricción del espacio humanitario.

Palestina: sigue la violencia, los desplazamientos y una población atrapada

Aunque un poco más lejos de los focos, en Palestina, la crisis ha alcanzado niveles extremos. La ofensiva israelí en Gaza y las restricciones sostenidas al acceso de ayuda han generado una catástrofe humanitaria prolongada, con millones de personas sin acceso suficiente a alimentos, agua o atención sanitaria. En Cisjordania, se intensifican la violencia de colonos, los desplazamientos forzosos y las limitaciones a la movilidad, en un contexto de ocupación prolongada.

A esto se suma un elemento especialmente preocupante: las trabas crecientes a la acción humanitaria. Nuevos requisitos administrativos de Israel están poniendo en riesgo la capacidad de las organizaciones para operar, exigiendo incluso la entrega de datos sensibles de su personal en un contexto donde cientos de trabajadores humanitarios han sido asesinados. Limitar la entrada de ayuda o dificultar su distribución no es solo una decisión administrativa: tiene consecuencias directas y previsibles sobre la vida de millones de personas. La agencia humanitaria de Naciones Unidas estima que 3,6 millones de personas necesitan ayuda.

A pesar de las dificultades, las ONG hemos decidido mantener la petición ante el Tribunal Supremo israelí porque consideramos que lo que está en juego va mucho más allá de un trámite administrativo. La vista anterior se limitó el debate a aspectos técnicos (como protección de datos), dejando fuera cuestiones clave en relación con el derecho internacional humanitario y las obligaciones de Israel como potencia ocupante.

Operar en esta situación de bloqueo nos deja en un “callejón sin salida”: si cumplimos con los requisitos (como entregar datos sensibles del personal), ponemos en riesgo a los equipos y vulneramos otras obligaciones legales. Si no lo hacemos, tendremos más limitada su capacidad de operar en Gaza y Cisjordania.

Pena de muerte solo para las personas palestinas

En paralelo, se están consolidando decisiones políticas que violan los derechos humanos sin que la comunidad internacional haga nada realmente efectivo contra eso. La reciente aprobación de una ley que amplía el uso de la pena de muerte en Israel, aplicable de facto casi exclusivamente a población palestina, supone un retroceso grave en garantías fundamentales y en el derecho a la vida. Esta medida se inscribe en un patrón más amplio de prácticas que incluyen desplazamientos forzosos, demoliciones de viviendas, restricciones de libertades básicas y ataques sistemáticos a la población civil.

Líbano, una población cada vez más vulnerable

El Líbano ha quedado excluido del alto el fuego pactado. Hoy Beirut, y la región del sur continúan siendo atacados en lo que el propio ejercito israelí ha calificado como «la mayor ola de ataques» desde la reescalada de la violencia y la invasión del Líbano, en curso desde principios de marzo.

«Líbano no fue incluido en el alto el fuego y la decepción es inmensa. La gente está agotada. Este ciclo de esperanza y desolación es implacable.» 

Sabine Abi Aad, responsable de comunicación de ActionAid para la región árabe y basada en Líbano.

Allí, la situación es igualmente crítica, aunque con menos visibilidad mediática que los ataques sobre Irán, el país arrastra una crisis económica profunda, agravada por tensiones regionales y los bombardeos y ataques de Israel en la frontera sur. Esto está empujando a amplias capas de la población a situaciones de vulnerabilidad extrema, con un acceso cada vez más limitado a servicios básicos como salud, educación o alimentos. La presión sobre los sistemas locales, ya debilitados, dificulta cualquier respuesta sostenida. A pesar de ello, junto a organizaciones libanesas continuamos respondiendo.

 

Irán, alto el fuego sin alivio

En Irán, el contexto reciente de alto el fuego en la región no va a traducirse en una mejora real de la situación para la población. Aunque la desescalada reduce el riesgo inmediato de una expansión del conflicto, las consecuencias acumuladas siguen siendo graves en un contexto donde la población civil sigue pagando el coste de decisiones políticas y dinámicas regionales sobre las que no tiene control. El resultado es una situación humanitaria marcada por la incertidumbre, la presión económica y la reducción de derechos.

Lo que está en juego si la violencia e impunidad no cesan

La situación es de una gravedad extrema: las decisiones políticas y legales que se están tomando no solo multiplican el sufrimiento, la violencia y la impunidad sobre el terreno, sino que suponen una amenaza directa para la convivencia, para el respeto del derecho internacional y para la vigencia misma de los derechos humanos. Cuando se normalizan los ataques contra la población civil, los castigos colectivos, la desigualdad, no solo se destruyen vidas, también se debilitan los límites que deberían protegernos a todas las personas.