El Salvador continúa criminalizando a mujeres defensoras de los derechos humanos bajo el régimen del presidente Nayib Bukele, que ha intensificado el hostigamiento, la persecución y la criminalización contra ellas. Organizaciones internacionales y movimientos sociales han documentado al menos 6 casos de defensoras que, en los últimos años, han sido acusadas ante los tribunales bajo causas penales amplias y ambiguas, o que se han visto forzadas a abandonar el país para resguardar su integridad.

Bajo un régimen de excepción en El Salvador

Uno de los primeros casos de criminalización registrados fue la orden de captura y acusación penal contra la abogada Ivania Cruz, representante de la la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc), una organización que brinda acompañamiento legal a víctimas de capturas arbitrarias en el contexto del régimen de excepción.

El estado de excepción es una medida extraordinaria aprobada de manera exprés el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, en respuesta a una matanza que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana, tras la ruptura de la tregua entre el gobierno y los líderes de las pandillas. La consecuencia es que esta estrategia de seguridad suspende diversas garantías constitucionales y otorga a las autoridades facultades para interceptar las comunicaciones privadas y detener a cualquier persona hasta por 15 días sin resolver su situación judicial. Además, limita el derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor en el momento de la detención.

El 25 de febrero de 2025, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República salvadoreña allanaron la vivienda de Cruz  y las oficinas de la Unidehc, mientras ella y su esposo, se encontraban en España realizando una gira de denuncia sobre las  violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Desde España, Cruz denunció que los allanamientos constituían un acto de  persecución política. Durante el  operativo también fue capturado uno de sus compañeros. Posteriormente, un tribunal especializado en crimen organizado ordenó la captura de Cruz y de su esposo por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelaciones y lotificaciones. Estas acciones obligaron a ambos defensores a solicitar asilo en España, donde permanecen hasta la fecha.

Las organizaciones abandonan el país

En este contexto, en julio pasado, la organización defensora de derechos humanos Cristosal anunció su salida de El Salvador, tras la captura de la jefa de su Unidad Anticorrupción, Ruth Eleonora López. La abogada fue capturada el 18 de mayo de 2025 en su vivienda, localizada en San Salvador. Según testigos, agentes policiales le solicitaron que saliera de su casa bajo el pretexto de hacerle unas preguntas relacionadas a un accidente de tránsito; una vez fuera, le notificaron una orden de detención por el delito de peculado o apropiación indebida.

Quince días después de su captura, la Fiscalía presentó la acusación formal y modificó el delito de peculado por enriquecimiento ilícito. El tribunal decretó la reserva total del proceso. Pese a que no existía riesgo de fuga, la abogada fue enviada a prisión, donde permanece sin comunicación con su familia.

López lideró 51 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno salvadoreño y presentó 11 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra leyes que regulan el uso de fondos públicos y y los procesos de compras estatales, por favorecer la corrupción.

Además de la salida de Cristosal, al menos otras seis organizaciones sociales han anunciado el cierre de sus operaciones en el país tras  la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, la cual impone un impuesto del 30% a transferencias desde el exterior.

Exilio o cárcel

Otras defensoras de derechos humanos también se han visto obligadas a  abandonar El Salvador debido al acoso gubernamental. Entre ellas se encuentra Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, una organización que ha informado de capturas arbitrarias y desapariciones forzadas ante las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escobar relata que a inicios de junio del año pasado fue alertada, de manera extraoficial, que su nombre figuraba en una lista de once personas defensoras de derechos humanos y periodistas que serían capturadas. La defensora tenía programado someterse a un procedimiento médico urgente, tras haber sido diagnosticada con cáncer. Sin embargo, esa misma noche se vio obligada a salir del país junto a sus dos hijos pequeños. Actualmente, Escobar se encuentra refugiada en México, donde continúa su tratamiento médico.

La organización que ella dirige ha documentado la muerte de 480 personas bajo custodia estatal desde que inició el régimen de excepción hasta el 26 de enero de 2026.  Según sus registros, al menos el 30 % de estas muertes se habrían producido por falta de atención médica oportuna.

Frente a la criminalización de mujeres defensoras

Desde Actionaid hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional y a los gobiernos de todo el mundo para que exijan el cese inmediato del hostigamiento y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a estas graves violaciones, es urgente que se activen medidas urgentes de protección que garanticen su seguridad, libertad y el pleno respeto a sus derechos fundamentales.

*Fotografías de Lissette Lemus.