El régimen dictatorial de Daniel Ortega ha desmantelado totalmente la libertad de expresión y ha convertido a Nicaragua en uno de los países más peligrosos del continente americano para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos. El gobierno mantiene el control total de los medios de comunicación, ha ordenado el cierre de salas de redacción independientes, el encarcelamiento de periodistas y otros han tenido que huir para salvaguardar su integridad y su vida.

Los derechos humanos se exilian en Nicaragua

Francisco López, periodista del medio digital Artículo 66, explica desde España que más de 300 profesionales de la comunicación han sido obligados a abandonar el país por denunciar la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la ausencia del Estado de derecho en ese país centroamericano. “Hemos tenido que salir al exilio por decirle la verdad, por buscar y divulgar información pública, que es de interés del pueblo nicaragüense”, cuenta Francisco.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en abril de 2025, que entre 2018 y 2024, al menos 289 personas vinculadas a medios de comunicación se vieron forzadas al exilio. Algunas de ellas, fueron desterradas de su nacionalidad y declaradas apátridas. De este total, el 61% son periodistas o reporteras. De las cuales, el 25% han tenido que abandonar la profesión por razones económicas y el 17.5% combinan el ejercicio periodístico con otras actividades económicas para subsistir.

Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó a Nicaragua en su Índice de Libertad de Prensa de 2024 entre los tres países del continente sin libertad de expresión, junto a Venezuela y Cuba.

Más allá del exilio

Francisco lleva más de 25 años ejerciendo el periodismo, trabajó los últimos tres años en la clandestinidad. Posteriormente fue privado de libertad y torturado. Ahora como muchos de sus colegas se encuentra en el exilio. Una situación, cuyo impacto que no se limita al ámbito profesional, sino que afecta profundamente la salud emocional y la relación con sus familias.

“El abandonar el país siempre va a ser una situación que compromete sentimiento, ejercicio profesional, relaciones familiares, incluso la seguridad hacia la vida”, relata Francisco.

En los países de acogida, las y los periodistas se enfrentan al desempleo, obligándoles a realizar trabajos totalmente ajenos a su profesión y, en algunos casos, sufren xenofobia y hambre. La CIDH advierte que las personas exiliadas experimentan una grave afectación a su identidad profesional, debido a que el exilio en las Américas se puede convertir en algo permanente.

En este sentido, Francisco cuenta que algunos de sus colegas suyos llevan entre tres y cinco años informando desde el exilio, mientras que otros han tenido que abandonar su profesión.

“Extrañas a los tuyos, te ves en dificultades para acceder incluso al contacto con ellos. No podemos arriesgar a la familia porque la dictadura reprime incluso a los familiares de los comunicadores y de los defensores de Derechos Humanos (exiliados)”, asegura Francisco.

La represión también ha provocado el cierre y el exilio de organizaciones que protegían  los derechos humanos en Nicaragua, dejando a la población totalmente desprotegida.

Periodismo en resistencia

Pese a la criminalización y la precarización,  periodistas nicaragüenses independientes continúan informando desde el exilio, para contrarrestar el discurso oficial que califican como “una realidad inexistente”. “Es difícil ejercer periodismo en un régimen totalitario porque destinan muchísimos recursos económicos para imponer su discurso, su realidad virtual y el periodismo independiente cuenta con pocos recursos”, dice.

Pero a pesar de este panorama, Francisco asegura que se siente comprometido con su país para seguir investigando, publicando las atrocidades y denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Ortega.

“Alguien tiene que decir la verdad y para eso estamos los periodistas”, concluye.

Desde Actionaid nos solidarizamos con todas las personas periodistas y defensoras de derechos humanos exiliadas de Nicaragua y condenamos esta estrategia deliberada utilizada por el régimen de Daniel Ortega  para eliminar el derecho a la  libertad de expresión y silenciar la verdad. Solo un régimen verdaderamente democrático puede garantizar el respeto a las libertades fundamentales.