Ceuta: Menores y jóvenes quedan desprotegidos y sin contacto con sus familias

La crisis de Ceuta y la posterior devolución masiva a Marruecos de miles de personas está teniendo graves consecuencias humanitarias y de protección. Cientos de menores y jóvenes se encuentran varados en zonas remotas del sur de Marruecos, sin medios para regresar a sus lugares de origen, según hemos podido confirmar a través de nuestras socias locales marroquíes.

Durante las devoluciones, numerosas personas, entre ellas un número significativo de menores, han sido trasladadas a ciudades y zonas muy alejadas del sur de Marruecos, sin garantías de transporte, alojamiento o asistencia para regresar a sus hogares. Nuestra socia, APISF (Asociación para la Protección de la Infancia y la Sensibilización de la Familia), ha documentado casos de menores que perdieron sus teléfonos móviles y el contacto con sus familiares durante la entrada a Ceuta, y que algunos de ellos hoy no logran restablecer esa comunicación.

Mujeres, adolescentes y niñas expuestas a la violencia

La mayoría de las personas que cruzaron eran de nacionalidad marroquí, aunque también hay un número significativo de jóvenes procedentes de otros países del Magreb, como Argelia y Túnez, y de países subsaharianos. Nos preocupa especialmente la situación de las mujeres, los jóvenes y los menores no acompañados por una persona adulta., ya que las mujeres, adolescentes y las niñas afrontan riesgos específicos durante los desplazamientos y las devoluciones, incluida una mayor exposición a violencia sexual, explotación y otras formas de violencia de género, especialmente cuando quedan separadas de sus redes familiares o comunitarias.

“No se puede devolver a personas, entre ellas menores, a cientos de kilómetros de su hogar y considerar el caso cerrado. Cada devolución sin garantías es una nueva vulneración. Exigimos que la protección de la vida esté antes que la disuasión, y que ninguna devolución se ejecute sin verificar que la persona llega a un lugar seguro”.

Oussama Chakkor, experto en migración y movilidad

Respuesta desde las ONG marroquíes a la crisis de Ceuta

Ante la escalada de la crisis migratoria en Fnideq y Bab Sebta el pasado 30 de julio, APISF, con trabajo específico y centros para menores, movilizó equipos de emergencia para atender a las personas en situación de vulnerabilidad extrema.

La crisis provocó también un movimiento paralelo de niños, niñas y jóvenes desde los propios centros de acogida de APISF hacia la frontera. Como medida preventiva, la organización cerró temporalmente sus centros. Pese a ello, algunos menores y jóvenes abandonaron las instalaciones. Las mujeres alojadas en los pisos de acogida permanecieron en todo momento en las instalaciones, y el personal educativo reforzó la vigilancia de entradas, salidas y uso de redes sociales, en un esfuerzo por limitar la difusión de contenidos que animaban a los menores a dirigirse hacia la frontera.

Así, las organizaciones marroquíes están desempeñando un papel esencial no solo en la respuesta humanitaria inmediata, sino también en la protección de la infancia, la reunificación familiar y la defensa de los derechos de las personas afectadas, demostrando el papel imprescindible del liderazgo local en las respuestas a las crisis.

Además de proporcionar asistencia básica, agua y alimentos y primeros auxilios, a las personas retornadas, la organización está apoyando a jóvenes y menores para ayudarles a contactar con sus familias.

 

Ceuta, una crisis de derechos humanos

La crisis de Ceuta no puede entenderse de forma aislada. Responde a un modelo migratorio europeo que prioriza cada vez más la disuasión y la externalización de fronteras por encima de la protección de la vida humana. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, junto con el nuevo Reglamento de Retorno alejan a la UE de la protección de los derechos fundamentales y la acercan a la deportación a toda costa, restringiendo al mismo tiempo las vías seguras y regulares.

“Migrar no es un delito y ninguna persona debería ser tratada como una amenaza a una integridad territorial por ejercer su derecho a buscar una vida digna y segura. La respuesta a esta crisis no puede basarse en la criminalización, la estigmatización o la deshumanización de quienes se desplazan. Es imprescindible situar el debate en las verdaderas causas de la movilidad humana, los conflictos, la violencia, la pobreza, la desigualdad, los impactos del cambio climático, etc, y garantizar políticas que prioricen la protección de la vida, la dignidad y los derechos humanos por encima de los enfoques de seguridad exclusivamente. Las respuestas públicas deben reforzar la autonomía y la protección de las personas, no aumentar su vulnerabilidad”.

Investigación en Ceuta y vías legales y seguras

Reconodemos el derecho de los Estados a gestionar sus fronteras. Sin embargo, esa responsabilidad debe ejercerse siempre de acuerdo con la normativa nacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de asilo y la obligación de proteger la vida.

Por ello, reclamamos al Gobierno español, y a la Unión Europea que:

• prioricen la protección de la vida en todas las operaciones fronterizas;
• garanticen plena transparencia sobre las muertes registradas y aseguren investigaciones independientes cuando proceda;
• garanticen el acceso a procedimientos de asilo y a evaluaciones individuales de protección, con un enfoque de género e infancia, prestando especial atención a las necesidades de mujeres, niñas, niños y otras personas en situación de vulnerabilidad;
• aseguren que cualquier procedimiento de devolución —incluido el anunciado acuerdo de repatriación entre España y Marruecos— incorpore salvaguardias específicas para la infancia y para las mujeres y niñas en riesgo, cumpla plenamente con las obligaciones legales internacionales, europeas y nacionales, y se realice caso por caso y no de forma colectiva;
• incorpore salvaguardias específicas para la infancia y para las mujeres y niñas en riesgo, cumpla plenamente con las obligaciones legales internacionales, europeas y nacionales, y se realice caso por caso y no de forma colectiva.
• adopten medidas específicas para prevenir, identificar y responder a la violencia de género y la violencia sexual que pueden sufrir mujeres, niñas y adolescentes durante los desplazamientos, en los procedimientos fronterizos y en cualquier proceso de acogida o devolución;
• avancen más allá de las políticas migratorias basadas en la disuasión, ampliando las vías seguras y regulares y abordando las causas estructurales de los desplazamientos forzados.